El Juzgado de Garantía de Villarrica declaró admisible una querella por maltrato animal y delito asociado a caza y captura de especies protegidas, ocurrido el pasado 7 de junio contra un zorro en la Región de La Araucanía, interpuesta por la Fundación Abogados por los Animales (APLA).

El video, que se hizo viral en redes sociales, muestra cómo dos sujetos -uno de ellos utilizando una chaqueta con identificación del SAG-, propician las condiciones para que tres perros tipo pointer ataquen al zorro hasta la muerte.

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Luego de que el video fuera criticado masivamente, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) anunció que el funcionario, grabado entregando un zorro para ser devorado por tres perros, fue suspendido de sus funciones, y enfrentará un sumario administrativo interno del organismo. “No se tolerará que este tipo de situaciones quede impune”, señalaron. Posterior a eso, el Ministerio Público abrió una investigación por maltrato animal, tras una denuncia interpuesta por el mismo SAG, quienes luego de los hechos dijeron en un comunicado: “No se tolerará que este tipo de situaciones quede impune. Llamamos a quienes tengan más antecedentes para que los entreguen al Ministerio Público”.

Sin embargo, días más tarde, la Fundación Abogados por los Animales (APLA) adquirió la calidad de querellante en la investigación judicial en curso. Lo anterior le permitirá tener un rol activo en el proceso judicial, en el cual podrán pedir diligencias, oponerse o apoyar las decisiones del Ministerio Público, y participar hasta en la totalidad del procedimiento.

Los abogados querellantes por la Fundación APLA, Francesca Coghlan y Augusto Tello, dijeron que “se verificó el uso de tres animales de raza canina para matar y despedazar a un zorro con la clara intención de adiestrarlos para cazar distintos tipos de especies, por lo que la acción descrita provocó la muerte del zorro”.

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Así también, declararon que “la figura aplicable entonces corresponde a la del inciso final del señalado artículo 291 bis del Código Penal, el cual contempla la pena más grave de delito de maltrato animal”.

Además, informaron que al tratarse de una especie protegida, se comete un delito relacionado a la ley de caza. En otra línea de apelación al caso, en relación a los perros, desde la fundación “estiman que se infringe la ley 21.020 de tenencia responsable que prohíbe el adiestramiento para acrecentar la agresividad de los animales denominados de compañía, por lo que, adicionalmente, solicitamos que se inhabilite de manera perpetua y absoluta la tenencia de animales al responsable”.

“Es menester recordar que nuestro ordenamiento jurídico protege y regula el trato digno que se debe dar a los animales, como seres sintientes que son, encontrándose estos protegidos en distintos cuerpos legales”, sostuvieron los abogados querellantes.

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