A fines de diciembre del 2021, un extenso grupo de más de 50 científicos -de 8 países- enviaron una carta abierta al Congreso para solicitar un urgente apoyo para aprobar la Ley sobre protección ambiental de las turberas, con el objetivo de conservar estos importantes ecosistemas claves para la lucha contra el calentamiento climático.
En la carta se detalla que nuestro país posee 3,1 millones de hectáreas de turberas, de las cuales menos del 5% se encuentran protegidas. Su importancia es que son las responsables de contener enormes reservas de agua gracias a su vegetación hidrófila caracterizada, como por ejemplo musgo Sphagnum o conocido como pompón, clave en suministrar agua dulce en períodos de sequías ya que absorbe hasta 20 veces su peso en agua.
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Las turberas son un tipo de humedal pero con origen glacial, presente en el 3% de la superficie terrestre y absorben el 30% de carbono presente en nuestro planeta, además de almacenar el 10% del agua dulce disponible en la Tierra.
Como una respuesta a ello, durante esta jornada la Cámara de Diputados y Diputadas respaldaron este proyecto en 132 votos a favor y 1 abstención.
El texto final estipula la protección de estos humedales presentes principalmente entre las regiones de Los Ríos y Magallanes, mediante la prohibición de extracción de turberas y formaciones secundarias de pomponales, incluyendo sus materiales y productos.
Asimismo, se veta:
- Relleno
- Secado
- Extracción de caudales
- Alteración de la barra terminal
- Deterioro menoscabo
- Transformación o invasión de la flora y fauna presente en ellas
- Comercialización, exportación e importación de turba y musgo pompón
El Servicio Agrícola y Ganadero se encargará de su fiscalización, y en caso de descubrir una falta a ello se deberá pagar una multa de 10 a mil UTM, aproximadamente entre $544.000 y $544.000.000 millones.
El texto ahora será discutido en la Comisión de Medioambiente para ser objeto de indicaciones y también contempla la modificación al Código de Minería para incluir las turberas en las concesión minera, mediante la implementación de exigencias en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, con el objetivo de asegurarse que los proyectos no les provoque daños.
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