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A solo días de que el gabinete de Gabriel Boric (CS) asuma de manera oficial la administración, desde el futuro Ministerio de Medio Ambiente se confirmó un nuevo fichaje con la llegada de Constance Nalegach, abogada y Magister en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), una de las figuras claves en la creación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe-conocido como Acuerdo de Escazú– que surgió después de seis años de discusiones entre 24 países miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La titular de la cartera, Maisa Rojas, oficializó el nombramiento de Nalegach como jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales de la repartición. La oficina tiene como labor hacerse cargo de la coordinación general de todas las actividades internacionales, como el seguimiento de los compromisos asumidos por Chile en los acuerdos multilaterales ambientales en el ámbito de la Diversidad Biológica, Cambio Climático, contaminación transfronteriza y agenda química internacional, entre otros.

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Constance trabajó con anterioridad en la cartera de Medio Ambiente, como Negociadora Senior, Jefa Oficina Asuntos Internacionales y Jefa Gabinete Ministro durante cerca de 10 años en total. También es investigadora del Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático de la Universidad de Concepción.

“Volver a ser parte del equipo internacional del Ministerio de Medio Ambiente, ahora bajo el gobierno del Presidente Boric, es una oportunidad que asumo con responsabilidad, entusiasmo y convicción. El contar, además, con liderazgos como el de la ministra Rojas y la canciller Urrejola aseguran que Chile trabajará por una política internacional ambiental comprometida con el multilateralismo, la paz, los derechos humanos y la democracia”, expresó en El Mostrador.

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El ambicioso acuerdo climático

Nuestro país fue una de las naciones impulsoras en la elaboración del primer tratado que “incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales” y que pretende garantizar el derecho a la información de manera oportuna sobre proyectos que puedan afectar a los territorios.

El acuerdo se erige como un “elemento multilateral” sin precedentes que apunta a reforzar la cooperación entre las naciones y pretende avanzar hacia el acceso oportuno de la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. En América Latina y el Caribe existen diferentes problemas socioambientales comunes que amenazan a los territorios, lo que se ve reflejado en el aumento de los conflictos en la región.

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