Brasil es uno de los dos países, junto con Estados Unidos, más afectados por el COVID-19. Si bien la pandemia ha golpeado fuerte al país sudamericano, esto se ha sentido mayor en la Amazonía. El escaso y deficiente acceso a servicios sanitarios, ha provocado grandes problemas en los pueblos indígenas.

Según datos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe y que recogió el medio DW, hasta el 5 de agosto 58.630 indígenas han contraído COVID-19 en toda la Amazonía y 2.024 han muerto. Del total de contagiados, 15.823 son en el territorio brasileño y al menos, 300 han fallecido. 

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En julio el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó una ley aprobada en el Congreso que permitían prevenir la propagación del virus en los territorios indígenas. Entre los artículos que vetó el mandatario, estaba el que buscaba asegurar el acceso al agua potable y la distribución gratuita de material de higiene y desinfección entre las comunidades.

Con ello también puso freno a una propuesta que aseguraba fondos obligatorios de emergencia, que permitía que se dispusieran camas en hospitales y unidades de terapia intensiva a los indígenas y la disposición de respiradores.

Ahora, la Corte Suprema del país ratificó una cautelar que obliga al gobierno brasileño a adoptar medidas para contener la pandemia. Esto ratifica un fallo anterior a favor de un recurso presentado por la Articulación de los Pueblos Indígeneas de Brasil (Apib) con el apoyo de seis partidos políticos progresistas.

En concreto, se dictaminó que se tendrá de crear barreras sanitarias para lograr el aislamiento de estas población y evitar el ingreso a ellas. Con ello, también señalaron la necesidad de instalar una “sala de situación”, para gestionar las acciones que se implementen en dichas zonas y en la cual deberán participar los sectores involucrados incluidos representantes indígenas.

La Corte Suprema, además, determinó la expulsión de los invasores de las tierras indígenas, entre ellos madereros o mineros ilegales. Eso deberá ser de acuerdo a un protocolo elaborado por el Gobierno.

Respecto a este fallo, la coordinadora ejecutiva del Apib, Dinaman Tuxa, expresó que “fue una gran victoria” y calificó este como una reparación histórica. A ello agregó que “si no fuera por la Corte, esta demanda estaría todavía en los cajones del Ejecutivo y del Legislativo”.

El impacto en la Amazonía

“El COVID-19 se propaga muy rápido, toda la comunidad está enferma, niños, jóvenes y ancianos. Estamos abandonados por el gobierno brasileño, no nos ayudan lo suficiente y parece que nos quieren diezmar” dijo a CNN en Español Tapi Yawalapiti, hijo del líder indígena Aritana Yawalapiti del territorio del Alto Xingu, quien murió a causa del virus.

En tanto, Dinaman Tuxa expresó que “estamos perdiendo mucho más que personas, estamos perdiendo nuestra cultura, nuestra nación”. 

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Según un estudio realizado entre mayo y junio, este determinó que los pueblos indígenas tienen cinco veces más probabilidad de contraer el SARS-CoV2 en comparación con la población común del país.

En tanto, un análisis realizado por la Universidad Federal de Pelotas, determinó que los indígenas brasileños tienen un nivel más alto de vulnerabilidad que los brasileños blancos, incluso estando en el mismo nivel socioeconómico y con el mismo número de residentes en el hogar. 

“La interpretación de estos análisis, sugiere que los indígenas tenían un riesgo sustancialmente mayor que otros grupos étnicos”, se explica en el estudio.

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