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Garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, afianzar la participación pública en las decisiones medioambientales, y asegurar la justicia en la materia. Estos son los principales objetivos de Escazú, acuerdo que Chile promovió desde sus inicios, pero que este año decidió no ratificar con su firma. Sobre esto, conversó Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile.

“Lo que busca el acuerdo es la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso. En realidad, el objetivo principal es lograr consagrar el derecho a un medio ambiente sano, que requiere que las personas estén informadas, tengan acceso a la información y acceso a la justicia”, explicó en entrevista con Desafío Tierra por CNN Chile.

Sobre las motivaciones ciudadanas para defender la firma del Acuerdo, Durán expresó que “las personas quieren saber, con transparencia, sobre qué bases se están tomando las decisiones. También quieren participar, ser parte de la solución y, también, a veces quieren defender”.

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Al respecto, la experta dijo que “lo interesante del Acuerdo de Escazú es que nos compromete a no retroceder, a que si tenemos un estándar debemos ir avanzando en él, a no retroceder en estos derecho de acceso, y a revisar nuestros procedimientos y leyes para ir mejorando. Es importante que haya una participación más incidente. No se trata de que todas las decisiones se plebisciten, pero sí de que haya una mayor incidencia ciudadana”.

El argumento concreto entregado por el gobierno para no firmar el Acuerdo de Escazú fue que “no agrega nada” a la legislación vigente del país. Sin embargo, Durán sostiene que “si bien tenemos leyes y normas, no tenemos todavía la información importante a disposición del público y de los tomadores de decisiones”.

Además agregó que “hay muchas cosas que mejorar y, en ese sentido, firmar Escazú demostraría un compromiso de Chile de seguir avanzando”.

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Pero las razones para no firmar este tratado han sido muchas. Una de las principales se ha basado en la posibilidad de que Chile sea demandado por Bolivia, pero esto respondería a un mal entendimiento del texto.

“Lo que se ha argumentado es la posibilidad de que nos demanden ante cortes internacionales. Eso responde a un entendimiento errado del Acuerdo de Escazú. Lo hemos analizado con profesores de derecho internacional, y nadie está seriamente dispuesto a sostener que podríamos ser demandados ante la Corte Internacional de Justicia por incumplimiento del acuerdo. Este es un acuerdo que busca el diálogo, busca que los países compartan entre sí buenas prácticas sobre el acceso a la información y a la participación”, asegura.

“Se está viendo un riesgo imaginario, y creo que es muy difícil sostener esta posición de cara a la COP y de cara a todos los compromisos que Chile ha asumido. En buena hora somos anfitriones de la COP y tenemos una ciudadanía que está más preocupada y consciente”, finaliza la experta.

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