(CNN) – Un grupo de isleños del Estrecho de Torres que viven en la costa norte de Australia presentó una demanda judicial contra el gobierno australiano el martes, alegando que no los ha protegido del cambio climático que ahora amenaza sus hogares.
El caso, presentado en nombre de las islas remotas de Boigu y Saibai en el Estrecho de Torres, es la primera acción de clase climática presentada por la gente de las Primeras Naciones de Australia, dijeron sus partidarios.
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Resulta que se presentó el mismo día en que Canberra adoptó un objetivo de emisiones netas de carbono cero para 2050.
El caso se basa en uno que el grupo ambientalista Fundación Urgenda lideró contra el gobierno de los Países Bajos, diciendo que tenía la responsabilidad legal de proteger a los ciudadanos holandeses del cambio climático.
Ese caso resultó en que el Tribunal Superior holandés ordenara al gobierno reducir las emisiones de carbono más rápido de lo planeado.
Las islas del Estrecho de Torres, ubicadas al norte de Australia, enfrentan la amenaza de inundaciones y la sal arruinando su suelo a medida que el calentamiento global conduce a más tormentas y al aumento del nivel del mar.
“Existe una gran confianza en que las comunidades y los medios de vida de la isla del Estrecho de Torres son vulnerables a los principales impactos del cambio climático, incluso por pequeños aumentos del nivel del mar”, dijo el reclamo presentado ante la Corte Federal.
Uno de los dos demandantes, Paul Kabai, dijo que su gente ha vivido en las islas durante más de 65.000 años, pero que las comunidades podrían verse obligadas a irse si se enfrentan a más daños por inundaciones y tormentas.
“Convertirse en refugiados climáticos significa perderlo todo: nuestros hogares, nuestra cultura, nuestras historias y nuestra identidad”, dijo Kabai en un comunicado.
El caso cuenta con el apoyo de un grupo de defensa sin fines de lucro, Grata Fund y Urgenda, y está a cargo de la firma de demandas colectivas Phi Finney McDonald.
Grata dijo que espera que el caso sea escuchado en el tercer trimestre de 2022 con una decisión que probablemente demore hasta 18 meses. Los isleños presentaron una denuncia de derechos humanos ante las Naciones Unidas hace dos años por motivos similares que aún no se han resuelto.
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