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A lo largo del mundo, instituciones y gobiernos han realizado diferentes esfuerzos por mejorar las condiciones del medioambiente. Es en este contexto que surge el Acuerdo de Escazú, el cual busca asegurar el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Este es considerado el acuerdo medioambiental más importante de la región y Chile lo promovió en sus inicios, pero desde 2019 decidió no firmarlo. El plazo para ratificarlo vence el próximo 26 de septiembre y a inicios de este mes el canciller Andrés Allamand señaló en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que “es inconveniente para Chile”.

En conversación con Desafío Tierra, la abogada especialista en medio ambiente y directora política de Greenpeace, Josefina Correa, se refirió a esta negativa del Estado y a las consecuencias que esta decisión conlleva. “Es una manifestación explícita de lo que vemos reproducirse a nivel nacional en los distintos conflictos socioambientales que estamos asistiendo”, adelantó.

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El hecho de que nos estemos oponiendo a Escazú es bastante coherente con la política interna de Chile en relación con el acceso a la justicia ambiental. Por eso, nos provoca tanta angustia que no quieran comprometerse a hacerlo”, enfatizó.

Correa es enfática al señalar que la situación en el país es grave y argumentó que “toda la información ambiental que se provee por el Estado chileno es realizada y recogida por las empresas privadas. Prácticamente no tenemos información pública y cuando tenemos información pública respecto a temas ambientales, eso no necesariamente se cruza”.

“Un claro ejemplo lo podemos ver en los informes de contaminación del aire, por ejemplo, en las zonas de sacrificio: en Quintero y Puchuncaví”.

En cuanto al actuar del Estado reconoció que es “súper complicado entender la falta de coherencia que tiene este país respecto al discurso político con la realidad material”. “Esto, es un tema que tenemos que revisar en términos de sociedad, cuál es el Estado que queremos construir para perfilarnos a los grandes riesgos y desafíos globales que tenemos, tales como el cambio climático”.

No podemos seguir tolerando un país que avance en temas económicos a costa de la salud de las personas. No es real que es posible obviar esta externalidad negativa, lo vemos, por ejemplo, en zonas sumamente delicadas que llamamos zonas de sacrificio”, denunció.

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Sobre la voluntad política, la abogada afirmó que “radica en el presidente Piñera a través de los dos secretarios de Estado que tienen compromisos a nivel de materia de Relaciones Internacionales y ambiental, que es principalmente la ministra del Medio Ambiente y el canciller Allamand”.

“Pero tenemos que recordar que también el legislador, el Congreso, tiene una enorme labor en precisamente hacer estas reformas”, puntualizó.

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