Por Constanza Cabrera
Publicado por ccabrera

Un total de 155 Convencionales Constituyentes fueron elegidos para redactar una nueva constitución en medio de lo que han declarado como un “estado de emergencia climática y ecológica”.

Las grandes manifestaciones del año 2019 con el estallido social,  desembocaron en la firma de un “acuerdo político” que no tuvo una acogida unánime. Luego se desarrolló el plebiscito constituyente y la ciudadanía decidió por una amplia mayoría (78 %) elaborar una nueva carta fundamental.

La redacción del texto constitucional no solo determinará el modelo de gobernanza, sino también el futuro de los recursos naturales. ¿Podrán las nuevas generaciones abordar el cambio climático sin repetir errores del pasado? ¿Y qué sucederá con el derecho al agua en la nueva constitución?

La demanda del litio

El litio es un metal brillante que se suele encontrar en los salares. En el país hay cerca de 50 de estas cuencas endorreicas (que se rigen por el Código Minero), distribuidas entre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Se pensaba que la alta salinidad de las salmueras concentradas no contenía vida, pero investigadores de la Universidad de Antofagasta (UA) descubrieron que por ejemplo, en el Salar de Atacama que tiene esas características, habitan comunidades de bacterias.

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Mientras la economía mundial busca alternativas a los combustibles fósiles, la demanda del litio crece, pues su uso incluye celulares, notebooks, autos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable.

“Tenemos que asumir que la actividad humana causa daño, ¿cuánto daño queremos causar?”, dijo la científica y actual Convencional Constituyente, Cristina Dorador a The New York Times.

SQM

La Constitución de 1980 fue creada en plena Dictadura Militar, sin registros electorales y con los partidos políticos de la época, según la jerga oficial del régimen “en receso”. A cargo de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución (CENC), más conocida como Comisión Ortúzar, contó con la participación de Jaime Guzmán, Enrique Ortúzar, entre otros.

Dicho texto abrió el país a grandes inversiones mineras y permitió la compra y venta de los derechos de agua, cuyas localidades cercanas se comenzaron a conocer como “zonas de sacrificio”, por la degradación del medio ambiente y la contaminación.

En 1983, Augusto Pinochet le entregó a su yerno, Julio Ponce Lerou, el mando del mayor productor de litio, la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), compañía que protagonizó un escándalo político de carácter penal en 2015 por fraude tributario ante el Ministerio Público. Actualmente desempeña sus actividades en el mercado alcista del litio.

Según señala la plataforma estadounidense, el precio de las acciones de SQM cayó en un 15% al día siguiente de la elección presidencial que le dio la victoria a Gabriel Boric.

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El derecho al agua

Como comentó Dorador en Desafío Tierra, el derecho al agua es “una de las iniciativas quizás más demandadas por la ciudadanía y la comunidad”.

¿Es la salmuera agua? Las empresas mineras afirman que no, pero la Convencional ha estudiado durante años a los microorganismos de los salares. “Podemos aprender muchas cosas sobre el cambio climático estudiando los salares, porque ya son extremos”, explicó al medio de comunicación.

“Alguien compra un carro eléctrico y se siente muy bien porque está salvando el planeta (…), al mismo tiempo, se daña todo un ecosistema. Es una gran paradoja”, dijo.

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