(CNN Chile) — Con 105 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto del acuerdo regional al Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú.
“Hemos dado un gran paso para la protección del medio ambiente”, sostuvo el diputado Diego Ibáñez (CS). En la misma línea, instó al Senado a “tramitarlo de forma rápida para contar con una protección a quienes defienden el agua, el medio ambiente y luchan contra las zonas de sacrificio”.
Desde el Gobierno reaccionaron a la aprobación, destacando que es el único tratado que protege a los defensores del medio ambiente.
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🌿 ¡#AcuerdoDeEscazú avanza en el Congreso!
Pasa al Senado el proyecto que aprueba el Acuerdo Regional de acceso a información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en A. Latina y el Caribe👏🏼 Es el único en el mundo que protege a defensores del medio ambiente🌳— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) May 11, 2022
Asimismo, desde Amnistía Internacional Chile calificaron la afirmativa a la iniciativa como “un hito que podría marcar un antes y un después en la historia de Chile”.
🎉 Hoy celebramos un hito que podría marcar un antes y un después en la historia de Chile.
El Acuerdo de Escazú se aprobó en la @Camara_cl y ahora pasa al @Senado_Chile
👇🏽 Sigue leyendo…#AcuerdoDeEscazú pic.twitter.com/oIF03Yow2x
— Amnistía Internacional Chile (@amnistiachile) May 11, 2022
En definitiva, el acuerdo establece el derecho de acceso a la información, de modo de garantizar la transparencia de la información ambiental, en su dimensión pasiva y activa.
De igual modo, consagra el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales y presenta normas en torno al acceso a la justicia en asuntos ambientales, cautelando las garantías del debido proceso para acceder a instancias judiciales y administrativas.
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Asimismo, dispone que cada parte firmante garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
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