El Acuerdo de Escazú o Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, fue retomado este viernes en Chile, luego de que el presidente Gabriel Boric concretara la firma del proyecto que busca aprobar el tratado desde el Congreso.
El pacto, que ha sido firmado por 24 países y actualmente está ratificado por 12, contó en sus orígenes con Chile y Costa Rica como principales países negociantes, sin embargo, la administración del ex presidente Sebastián Piñera terminó rehusándose a adherir, argumentando “ambigüedades jurídicas”.
En conversación con CNN Chile, la directora del Centro Ambiental de la U. de Chile y directora de Espacio Público, Valentina Durán, expresó que ve con buenos ojos la discusión en el Congreso de este acuerdo. “Veo que hay parlamentarios de los distintos sectores que están abiertos porque ya entienden que en este contexto de crisis climática y ecológica grave no podemos retroceder y el sentido de urgencia, como decía la ministra Maisa Rojas, es una cuestión que todos debiéramos tener en cuenta”, dijo.
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“Yo confío en que va a haber una comprensión y es muy importante que todos quienes opinan sobre este acuerdo, que los parlamentarios lo lean bien y lo entiendan, porque este es un acuerdo que busca la paz, finalmente tiene que ver con el objetivo de desarrollo sostenible de tener Estado de Derecho, paz, instituciones sólidas que nos permitan crear un buen clima tanto para la inversión como para el diálogo nacional, para las políticas públicas y que también le de la certeza a todas las personas de que el país va a buscar progresivamente asegurar condiciones para poder participar de las decisiones que nos afectan en nuestra vida cotidiana”, agregó.
Respecto a los reparos y cuestionamientos que existen sobre este acuerdo, desde la administración de la Presidenta Bachelet a la fecha, Durán manifestó que esas aprehensiones se irán despejando. “Yo creo que todavía hay personas que creen que la protección al medio ambiente o la participación ciudadana son obstáculos para el crecimiento o desarrollo, cuando es todo lo contrario, finalmente son condiciones de un desarrollo sostenible. Creo que son prejuicios y creo que además se han levantado muchos riesgos imaginarios”, dijo.
Sobre lo mismo, puntualizó que “en general las aprehensiones que también existen y que se han escuchado es que nos vamos a ver envueltos en litigios internacionales, eso es un riesgo imaginario y yo lo descarto completamente. El sistema de resolución de conflictos no lleva necesariamente a los tribunales internacionales y las hipótesis de diferencia entre los Estados por el cumplimiento de este tratado son realmente inverosímiles. Este es un tratado que busca que los países vayan elevando sus estándares de acceso a la información, la participación, la justicia ambiental y de protección de los defensores, y cooperar entre los estados. Son hipótesis muy difíciles de que se realicen”.
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Finalmente, Durán señaló que el principal desafío de cara a la aprobación de este acuerdo tiene que ver con el tratamiento de la información. “Nosotros tenemos en general y en comparación con los países de la región, tenemos estándares de acceso a la información y a la participación pero nos estamos comprometiendo con este tratado a progresivamente ir mejorando esos estándares. Porque no basta por ejemplo, con que se publique que se aprobó un proyecto y que se difunda en una radio que nadie escucha y por otra parte que se difunda a través de una información muy técnica. Eso se tiene que ir mejorando paulatinamente, tanto cuando se difunde la aprobación de un proyecto como cuando se está discutiendo una norma de calidad de emisión o un plan regulador”, expresó.
“Es importante que se vayan mejorando los estándares de comunicación y de transparencia. En el fondo el acuerdo de Escazú plantea un objetivo y lo que pide es que los países se comprometan a ir progresivamente mejorando sus estándares de acceso a la información, a la participación y acceso a la justicia. Lejos de provocar mayor judicialización, una implementación adecuada, del espíritu de Escazú, lo que debiera lograr es un clima más pacífico para todos los ciudadanos y ciudadanas”, zanjó.
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