Garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, afianzar la participación pública en las decisiones medioambientales, y asegurar la justicia en la materia. Estos son los principales objetivos de Escazú, acuerdo que Chile promovió desde sus inicios, pero que desde 2019 decidió no ratificar con su firma.
A finales de septiembre de 2020 vence el plazo para que Chile firme el acuerdo medioambiental más importante de la región, sobre este tema Paloma Ávila conversó con Sebastián Benfeld, embajador del Acuerdo de Escazú para América Latina y el Caribe.
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Por un lado, el gobierno de Sebastián Piñera asegura que la legislación del país ya contempla los puntos instalados en el acuerdo, mientras que los activistas acusan que lo establecido en las leyes no se cumple.
“Es súper importante que firmemos el acuerdo de Escazú, porque viene a solucionar un problema que es mucho más importante y grave. Si hoy entendemos que el coronavirus nace de destruir nuestra madre tierra, de destruir nuestro ambiente, estos desequilibrios ecológicos, es que es súper importante y toma relevancia poder proteger nuestro medio ambiente para que virus, como el coronavirus, no vuelvan a ocurrir en futuros momentos. Para eso nace el acuerdo, para proteger el medio ambiente”, explicó el joven activista.
Sostiene que el acuerdo puede ayudar comprometer más al país y cumplir con los términos allí planteados que redundarían no solo en la protección del medio ambiente sino que contribuiría a protegernos de futuras pandemias, por ejemplo.
“El acuerdo lo que hace es asegurar y respaldar que nuestro medioambiente sea protegido, tanto los ríos, los bosques, los océanos. Lo hace garantizando tres derechos fundamentales, que son el derecho a acceder a la información, el derecho a participar de los procesos de toma de decisiones que afectan a nuestra vidas y entornos, y también de recurrir a la justicia en caso de que uno de esos derechos sean vulnerados”, señaló.
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Una de las críticas más fuertes que hacen activistas medioambientales al Estado chileno, se refiere a que en la práctica no se cumple lo que la legislación contempla en términos de participación y acceso a la información en temas ambientales. Por ello, urgen al gobierno a que firme el acuerdo.
“Hoy lamentablemente los estándares ambientales que tiene Chile están muy por debajo de los esperados. La ministra, por ejemplo, ha dicho que no es necesario que Chile firme el acuerdo de Escazú, porque ya tiene todo incorporado en su actual legislación, pero eso es tremendamente falso”, aseguró Benfeld.
“A mí me gustaría que la ministra le preguntara, por ejemplo, a la gente de Quintero si es que ellos sienten que realmente tienen acceso a la justicia, si es que ellos sienten que tienen acceso a la información, a la participación ciudadana a la hora de tomar decisiones que afectan a nuestras vidas”, añadió.
Respecto a la situación que viven las personas en las zonas de sacrificio, considera que son unas de las más afectadas por la falta de un acuerdo como el de Escazú. “Hoy en la lucha que existe en Quintero hay un grave problema con la falta de información. Esto impide que se resguarden los derechos ambientales y por tanto poder acceder a la información oportuna, en el momento deseado, va a ser súper relevante para poder seguir trabajando en los juicios que se están desarrollando”, expuso.
El activista señala que el acuerdo puede evitar que se repitan nuevas zonas de sacrificio: “Prevenir situaciones como estas, trágicas, en donde están muriendo personas intoxicadas por la negligencia de nuestro gobierno, es que sirve el acuerdo de Escazú. Justamente para que eso no vuelva a ocurrir. Para que el día de mañana, cuando se quiera instalar un nuevo proyecto contaminante, se tome en cuenta la opinión de la ciudadanía que vive ahí y que son las personas que más saben lo que es bueno y lo que es malo para sus territorios”.
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Ante el inminente plazo para firmar el acuerdo, señaló que su generación seguirá luchando para que el Estado se sume al tratado. “En este momento, estamos en el momento exacto y preciso para poder firmar el acuerdo de Escazú. Hoy empiezan los 100 días de la cuenta regresiva para que el gobierno firme. De aquí a 100 día termina el plazo para la firma y si es que no estamos ahí, lamentablemente vamos a quedar fuera del acuerdo ambiental más importante de América Latina y el Caribe, y creo que eso es una irresponsabilidad tremenda que los jóvenes no lo vamos a permitir”, enfatizó.
Reconoció que el marco legal del país contempla aspectos que están incluidos en el acuerdo, pero reiteró que no son efectivos. “Chile sí cumple con los estándares de información, de participación y justicia, existe eso en la legislación, pero como bien decías, no pasa en la práctica. Hoy la ley dice que podemos tener acceso a la información, pero en la práctica no existe ese acceso. La ley dice que hay participación, pero en la práctica se hace a través de Internet, sin considerar realmente la opinión de las personas que viven en los territorios. Entonces el acuerdo de Escazú lo que hace es justamente avanzar en la implementación plena y efectiva en los derechos de acceso y que no quede solamente en el papel”, detalló.
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