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El pasado 3 de noviembre, el Sindicato de Guardaparques de áreas protegidas anunció la paralización de sus actividades, en demanda de mejoras laborales y de infraestructura a la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

El paro ha dejado sin funcionamiento y seguridad a más de 40 parques y reservas naturales en Chile. En total son 500 trabajadores que resguardan cerca de 18 mil hectáreas a cargo del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE).

¿Por qué están en paro?

El presidente del Sindicato Nacional de Guardaparques Conaf, César Bastías, aseguró que “hay un problema desde hace años y es el sistema de financiamiento con el que cuenta actualmente el SNASPE, en el que cerca de un 60% de las ganancias se obtiene a través de recursos autogenerados por conceptos de entradas y concesiones”.

“Lo que queremos lograr con esta movilización es cambiar ese sistema y que el Gobierno se haga cargo de lo que corresponde a gastos de personal y costos operativos para los parques”, enfatizó.

Según los funcionarios, las principales razones de la paralización son la precariedad salarial, la poca seguridad, falta de personal y una mala distribución de fondos.

El representante de los guardaparques de Aysén, Juan Pincheira, señaló que “tiene que existir la voluntad para sentarse a conversar y que haya hechos concretos. Nosotros hacemos todo lo posible para cuidar las áreas silvestres protegidas de la región, pero necesitamos el apoyo del Estado, que se haga cargo de todas las áreas que tiene abandonadas en el sur de Chile”.

Los trabajadores aseguran que se trata de demandas transversales a través de los parques nacionales chilenos, por eso se sumaron funcionarios de todas partes del país.

Uno de los aspectos más importantes del petitorio es la seguridad, ya que en los últimos años, se han vuelto más comunes los ataques hacia guardaparques en regiones como La Araucanía.

Esto impulsó el retiro de guardaparques de los lugares afectados. La decisión tomada por Conaf fue duramente criticada por las autoridades, lo que provocó que fuese revertida posteriormente.

La directora regional Conaf de La Araucanía, María Teresa Huantequeo, indicó que “nuestra principal preocupación es la salud psicosocial, el bienestar y la seguridad de nuestros colegas guardaparques. Seguiremos trabajando por la conservación de nuestras áreas silvestres protegidas en la región”.

Negociaciones con el Gobierno

La situación ha instado al Gobierno a proponer la inversión de $2.900 millones en mejoras, en remuneraciones e infraestructura. La oferta ya fue aceptada por los guardaparques de Magallanes, pero la respuesta del resto de las regiones aún es incierta.

Asimismo, el delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, indicó que “tenemos la obligación legal de proteger nuestros parques nacionales. Este es un patrimonio que le pertenece a todos los chilenos, un patrimonio natural y ecológico que le pertenece a todos los habitantes de la región y no podemos, por obligación y mandato legal, hacer abandono de dichos parques”.

La paralización ha provocado pérdidas millonarias en el rubro del turismo, atendiendo a las demandas de trabajadores que en promedio cubren por si solos más de 570 hectáreas de territorio destinado a la conservación de la naturaleza.

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