Perú: Víctimas de esterilizaciones forzadas en los 90 denuncian trabas en el avance del caso

Entre los años 1990 y 2000, más de 300 mil mujeres y hombres peruanos fueron sometidos a tratamientos de anticoncepción quirúrgica definitiva (AQV) en regiones con alta población indígena quechua y elevados niveles de pobreza, en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Las afectadas esperan justicia y reparación desde hace más de 25 años y Fujimori y sus colaboradores están denunciados como “autores mediatos de daños contra la vida y la salud, lesiones graves y violaciones graves de los derechos humanos“.

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De acuerdo a información de AFP, cuando las y los afectados esperaban que el juez Rafael Martínez Vargas, quien lleva la causa, emitiera su veredicto preliminar de llevar o no a juicio penal a siete denunciados, entre los que está Fujimori, “el Poder Judicial lo sacó de la causa y designó (…) al magistrado Littman Ramírez Delgado”.

Esterilizaciones forzadas

En las esterilizaciones forzadas se incrementó la anticoncepción quirúrgica, es decir, los procedimientos como ligaduras de trompas y vasectomías “para reducir la tasa de natalidad” del país. 

#DePlaneta | Mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas entre 1996 y 2000 en #Perú bajo un programa del entonces presidente Alberto Fujimori denunciaron el miércoles nuevas trabas para el avance de este emblemático proceso, debido al repentino cambio del juez encargado. pic.twitter.com/ON41hNKnHA

— @Diáspora_ES (@DeDiaspora_ES) November 17, 2021

“Lo único que queremos es que esta tortura acabe”, dijo la abogada María Ysabel Cedano, de la ONG Demus al medio.

Durante ese periodo 272 mil mujeres y unos 22 mil hombres fueron afectados, sin embargo, dado el tiempo que ha transcurrido las victimas y abogados temen que el cambio de juez implique una demora de meses y que a la larga, esta situación quede impune.

Recordamos que las esterilizaciones forzadas perpetradas en los 90, mayoritariamente a mujeres indígenas y campesinas hablantes de quechua, representan un delito contra la humanidad. pic.twitter.com/oJzzkkWs1P

— Amnistía Internacional Perú (@amnistiaperu) November 12, 2021