Por María Paz Epelman

Cómo olvidar la fuerza moral de Julia Roberts, golpeando la mesa ante abogados de una empresa inescrupulosa que contaminaba el agua y causaba enfermedades y muerte. Esta escena de la película Erin Brockovich es un clásico inspirador para todo activista por el medio ambiente y la salud humana.

Bien, ahora la propia Erin, que también es guapa como Julia y escribe columnas en la versión norteamericana de The Guardian, advirtió ayer acerca de un nuevo escándalo moral, si son efectivas sus reclamaciones.

“El herbicida en nuestra comida nos está matando” se titula su artículo, que en inglés tiene un juego de palabras más elocuente: The weedkiller in our food is killing us.

Porque debiera matar cosas indeseables, no a nosotros. Pero Brockovich –una verdadera heroína moderna- enumera toda la evidencia científica acerca de cómo el componente glifosfato presente en centenares de herbicidas, especialmente en el popular Roundup de Monsanto (ahora propiedad de la alemana Bayer), produce cáncer.

Lo que ocurre es que en agosto pasado, un jurado en un juicio civil en Estados Unidos declaró a Monsanto culpable de causar el cáncer de Dewayne Johnson, jardinero de una escuela. Sentenció una indemnización de 289 millones de dólares para Johnson, que luego debió ser rebajada a 78 millones por límites regulatorios. Y existen otros 8.700 procesos judiciales similares contra Monsanto. Muchos se preguntan si la empresa deberá negociar compensaciones, como lo hicieron en su momento las tabacaleras.

El punto es que la ciencia, a pesar de lo que se cree, no es tan definitiva y concluyente. Mientras un estudio demuestra un efecto, perfectamente otro puede probar lo contrario. Pero cuando la cuantía de la evidencia alcanza un punto crítico de credibilidad (tipping point), se transforma en verdad científica al menos para los jueces.

En este conflicto, la conclusión que se establezca mundialmente tendrá consecuencias importantes en la economía asociada a la actividad agrícola. El uso de estos productos herbicidas la hace más productiva y rentable. Lo que está en duda es si ese modelo de producción es sostenible, a medida que avanzan las evidencias de su impacto en la salud humana.

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Como enumera Erin en su columna en The Guardian, “almendras, zanahorias, quinoa, betarragas, son sólo algunos de los alimentos que en Estados Unidos contienen altos niveles de glifosfato”. Lo mismo ocurre con las extensas plantaciones de soja argentina, que debe ser modificada transgénicamente para sobrevivir al producto que mata las malas hierbas y todo lo demás. Soja que sin que lo podamos advertirlo los consumidores –no está en el etiquetado- se encuentra en muchísimos productos alimenticios, desde cereales hasta sopas, pasando por golosinas y quién sabe qué más.

Así, no es de extrañar que los niveles de glifosfato en los organismos de personas en algunas áreas hayan saltado más de un 1.300% en los últimos 2 años, según un estudio publicado en el Journal de la Asociación Médica Americana, detalla Brockovich.

Y explica: a diferencia de los medicamentos, que deben pasar por rigurosos análisis de seguridad antes de ser autorizados para el consumo, la mayoría de la amplia variedad de químicos como el glifosfato nunca han sido ni serán adecuadamente estudiados respecto de sus efectos en los humanos y los ecosistemas. “Los gobiernos no tienen los recursos y las empresas no tienen los incentivos”.

Glifosfato en Chile

En Chile hay registradas 41 marcas comerciales de glifosato, fabricadas por Monsanto, Anasac, Dow Agrosciences Argentina S.A., Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group CO. Itd, Kingtai Chemicals CO. Ltd. / Rotam Agrochemical CO.

Según RAP- Chile (Red de Acción en Plaguicidas), entidad que aboga contra el uso de estos químicos, “los límites máximos de residuos de plaguicidas, LMR (Mg/Kg) para glifosato en cereales están basados en los límites establecidos por el Codex Alimentarius que son muy permisivos o laxos”.

Para María Elena Rozas, de RAP, “el SAG no considera el cúmulo de nuevas evidencias científicas sobre los efectos dañinos del glifosato y lo clasifica con etiqueta verde omitiendo información importante respecto del efecto crónico. Se hace imprescindible que, como medida preventiva, los nuevos productos que contienen el principio activo glifosato no se registren en el país y los registros existentes debieran suspenderse gradualmente para llegar una prohibición total antes del 2020. Si la misión del Ministerio de Salud es la prevención en salud, esta institución debiera eliminar factores de riesgo no permitiendo que en el país se siga manteniendo en el mercado a plaguicidas cancerígenos”.

Los fabricantes, por su parte, afirman que no existe evidencia concluyente sobre la relación entre el glifosfato y el cáncer u otras enfermedades. Pero esto recién es una noticia en desarrollo.

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