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Sea cual sea la cifra definitiva, es cosa de salir a las calles para darnos cuenta que la población migrante en Chile ha ido en aumento. De hecho, de acuerdo a estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), crece a una tasa de 4,9%, la más alta de Latinoamérica.

Los cambios de nuestra demografía van a una velocidad que superó al Estado. Peruanos, bolivianos y colombianos mantienen la delantera, y la irrupción de los haitianos dejó atrás en número a los migrantes de Argentina y Venezuela.

Debido a que Chile se transformó en un referente para los países del cono sur, expertos han proyectado que dentro de unos cinco años la población migrante podría alcanzar el millón de personas.

Las reacciones ante este fenómeno son diversas. Frente al concepto de “nos vienen a quitar la pega”, los estudios plantean lo contrario. El mito se esclarece en un informe de Clapes UC, que explica que los migrantes han ido cubriendo puestos que ya no son apetecidos por los chilenos, como el servicio doméstico.

Otros hablan del gran provecho que podemos sacar. “Es importante ver a la inmigración como una oportunidad de innovación y emprendimiento, pues la llegada de migrantes hace que las ciudades tengan una visión económica, social y cultural mucho más amplia, lo cual debe ser capitalizado, aprovechando las ventajas en el mediano y largo plazo para aspirar a ser una ‘ciudad con aires cosmopolitas’”, asegura el académico del Centro de Estudios Organizacionales de la USACH René Fernández, en una columna en El Mostrador.

Sin embargo, el proyecto de ley que firmó la presidenta Michelle Bachelet en agosto fue altamente criticado por extranjeros y organizaciones vinculadas al tema.

En una reciente Carta al Director de El Mercurio, varios representantes de ONGs apuntaron a que, en materia legislativa, fueron cuatro años perdidos, debido a que resultó en algo “incoherente y que no cumple en el articulado con el enfoque de derechos que señala contener en la introducción”.

Para ello, enfatizan que la medida debiese ir en pos del “camino de la inclusión y el reconocimiento de los derechos humanos”.

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