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La aprobación del proyecto minero Los Bronces Integrado ha desencadenado una ola de críticas por parte de diversas organizaciones medioambientales. En esta ocasión, once Consejeros Regionales han decidido sumarse a las reclamaciones presentadas por varias comunidades tras la resolución del Comité de Ministros que dio luz verde al proyecto.

Los Consejeros y los residentes locales coinciden en señalar los riesgos medioambientales asociados con la iniciativa minera. Alegan que el Estudio de Impacto Ambiental no abordó adecuadamente todos los factores críticos, desatando la preocupación tanto en autoridades como en la ciudadanía.

El proyecto se localiza en la zona cordillerana de la Región Metropolitana, abarcando la comuna de Lo Barnechea y la provincia de Chacabuco en Colina, con una mínima extensión en la Región de Valparaíso, específicamente en la provincia y comuna de Los Andes. La principal preocupación se centra en el impacto potencial sobre los glaciares de la región.

Agrupaciones ambientalistas, junto con los Consejeros Regionales, han presentado tres reclamaciones judiciales y una solicitud de invalidación ante el Tribunal Ambiental de Santiago. Estas acciones se producen después de que sus recursos fueran rechazados y se confirmara la decisión de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, que otorgó una Resolución de Calificación Ambiental favorable al proyecto.

Frente a las críticas, Anglo American, la empresa detrás del proyecto, emitió un comunicado en el que reafirman su disposición para abordar las preocupaciones de la ciudadanía. Aseguran que el proyecto se desarrolló tras diez años de estudios científicos y diálogo con diversos sectores de la sociedad.

El comunicado señala: “El proyecto fue diseñado con criterios de sustentabilidad, sin afectar glaciares ni utilizar agua fresca adicional en sus procesos. Además, se compromete a dejar de usar agua fresca en el proceso minero de Los Bronces para 2030, implementando fuentes alternativas, proyectos de innovación y agua desalada. También incluye un plan de alerta temprana y monitoreo de calidad del aire en comunidades cercanas“.

El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago deberá convocar a alegatos de las partes involucradas antes de tomar una decisión sobre el accionar del Comité de Ministros en relación con el controvertido proyecto minero, determinando su avance o cese.

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