El sistema frontal en el país se tradujo en grandes consecuencias ambientales, sanitarias y también los daños estructurales.

Por segunda vez en menos de dos meses, caminos y puentes de la zona central se vieron cortados por los desbordes de los ríos e inundaciones que dejaron las lluvias. Miles de habitantes aislados y cuantiosas pérdidas económicas son algunas de las consecuencias de estos eventos, que pusieron de manifiesto la necesidad de mejorar la seguridad de la infraestructura crítica del país.

“Lo que ocurrió recientemente es similar a lo que nos pasó hace un par de meses, donde -en términos de infraestructura- los que más se vieron afectados fueron puentes, caminos, canales y los embalses, que quedaron muchos de ellos a tope”, explicó en un comunicado Miguel Ángel Arriagada, director de la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Talca.

La infraestructura crítica comprende el conjunto de instalaciones, sistemas físicos o servicios esenciales y de utilidad pública, cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica, al medioambiente o a la seguridad.

Para el académico, lo principal consiste ahora en “tener alguna revisión en cuanto a las condiciones que ha quedado nuestra infraestructura vial principalmente, y ver cuáles de ellas podrían comprometer la seguridad de los usuarios”.

Una visión de futuro

AGENCIA UNO.

Así como el país ha establecido normativas de construcción para prevenir los daños de los terremotos, según el ingeniero, también debiera también hacerlo frente a los temporales e inundaciones, que probablemente ocurrirán con mayor frecuencia debido al cambio climático.

“Los terremotos que han ocurrido en Chile han obligado a modificar nuestra normativa, y han hecho que la ingeniería en Chile sea mucho más robusta. Uno esperaría que algo parecido pasara con lo que hemos vivido, o sea, que se replanteen, se generen equipos de profesionales que evalúen lo que ha acontecido y generen un equilibrio entre el diseño y los costes que se puedan desembolsar para construir esta infraestructura”, sostuvo Arriagada.

Asimismo, el profesional planteó la necesidad de contar con un mecanismo que permita monitorear de forma telemática los riesgos.

“Si nosotros tuviésemos la posibilidad de impulsar los elementos de gestión hídrica, podríamos por un lado, saber qué es lo que está pasando en tiempo real en cada uno de los canales o cauces de agua, y eso le permitiría al Estado tomar mejores decisiones o poder prever ciertas situaciones”, una tecnología que, según explicó, ya ha sido impulsada por algunas instituciones

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