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¿Los grupos desfavorecidos tienen derecho a ser escuchados? ¿Pueden denunciar públicamente las situaciones consideradas injustas?

Estas interrogantes fueron analizadas por Ann Olivarius, abogada estadounidense-británica especialista en acoso y discriminación sexual durante el panel Desiguales, la importancia de tener una voz, llevado a cabo en la quinta jornada de Congreso Futuro 2019.

La legista abrió su charla reflexionando sobre los nuevos tipos de violencia y el abuso contra la mujer.

Recordó que, en 1974, cuando era estudiante de la Universidad de Yale -EE.UU.-, una mujer fue estrangulada y violada en el campus. En esa época, la policía decidió no intervenir porque la víctima conocía al victimario.

“Yo traté de ayudarla, explicar que era un delito grave, que debía ser sancionado y, luego, entendieron que las mujeres podían ser violadas por amigos”, señaló.

Tras este hecho, en 1977, sostuvo que le pidieron hacer un informe sobre la integración de las mujeres en esa casa de estudios.

“Uno de los hallazgos fue que había muchas mujeres que tenían sexo con sus profesores y eso se consideraba común. Fui hasta la administración de Yale, presenté el informe y a nadie parecía importarle. En vez de no preocuparme, decidí que había que hacer algo”, afirmó.

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Olivarius, junto a cuatro mujeres y un hombre, pusieron una denuncia en Connecticut. “Presentamos el caso. Nadie había hecho esto antes”, aseguró. Sin embargo, tras esta iniciativa comenzó a recibir amenazas de forma anónima y de parte de esposas de profesores de la universidad.

El anonimato hizo posible el abuso. Lo mismo ocurre con el abuso en línea y el ciberacoso hoy en día”, agregó.

Finalmente, la justicia determinó a favor del derecho de las mujeres y sostuvo que el acoso estaba contra la ley.

¿Hay soluciones?

La abogada explicó que una cada ocho personas ha recibido pornografía sin permiso en Facebook, una cada tres ha sido amenazada online, y usuarias mujeres reciben 25 veces más amenazas que los hombres.

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¿Cómo parar esta problemática? Ann manifestó que es importante tener leyes penales y civiles para prevenir y detener el acoso en línea. Además, explicó que es relevante crear e invertir tanto en policías cibernéticas como en tribunales de abuso online.

A su vez, sostuvo que este tipo de prácticas debe tener sanciones financieras, normas para que entiendan cómo comportarse en comunidades en línea, abrir la discusión para que existan grupos de apoyo, regular las plataformas de Internet y la eliminación de fake news.

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