Por Constanza Cabrera
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Entre los días 19 y 21 de abril, Buenos Aires le dio la bienvenida a los representantes de 24 países, autoridades y organizaciones de la sociedad civil durante la Segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú.

El propósito de la reunión de carácter extraordinario fue elegir a los primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del tratado internacional, que cuenta con 24 firmas y 15 ratificaciones.

Escazú apunta a reforzar la cooperación entre las naciones, avanzar hacia el acceso de la información, la participación ciudadana y por supuesto, la justicia ambiental.

“Somos acreedores climáticos, no deudores, no causamos esta tragedia. Tenemos que entender que debemos trabajar unidos (…),  tenemos que cuidar a los activistas ambientales. Están cuidando nuestras vidas. El ambiente no discrimina entre ricos y pobres”, declaró el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en el discurso de apertura.

América Latina y el Caribe es la región más peligrosa para las y los defensores del medio ambiente. El 70% de activistas ambientales asesinados se concentran en esta parte del mundo, según el último informe de Global Witness.

La sesión inaugural de la Conferencia se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner (CCK), lugar en el que a los nuevos Estados Partes se les entregó un reconocimiento especial, entre ellos Belice, Granada y nuestro país, Chile.

La delegación chilena fue liderada por el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, junto a representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores y del SEA.

Aunque Escazú apenas entró en vigor en abril de 2021, lo que se debatió entre los tres días fue relevante para las naciones latinoamericanos. De los 10 candidatos para integrar el Comité, fueron electos:

  • Guillermo Eduardo Acuña (Chile)
  • Mariana Blengio Valdés (Uruguay)
  • Rita Leonette Joseph-Olivetti (Granada)
  • Patricia Madrigal Cordero (Costa Rica)
  • Andrés María Napoli (Argentina)
  • Carole Denise Angela Stephens (Jamaica)
  • Félix Wing Solís (Panamá).

"De cierta manera rompe ese argumento de que el Acuerdo se va a convertir en uno más, que no va ser aterrizado, dado que tiene diferentes mecanismos de control como lo es este Comité y también el rol de representacion del publico en el espacio de decisiones", comentó a Futuro 360 Vanessa Torres, subdirectora de la ONG colombiana Ambiente y Sociedad y representante de la Red Regional Escazú Ahora.

La Red lleva trabajando más de 10 años en fortalecimiento de los derechos de acceso. De este modo la sociedad civil se articuló para incluir al publico en lo que hoy es el tratado e incorporar la democracia ambiental a través de la proteccion de los defensores ambientales.

Según Joaquín Salinas, estudiante de Derecho de la U. Alberto Hurtado y coordinador de campañas de la Fundación Escazú Ahora, este Comité "se encarga de fiscalizar, ayudar a los países que puedan implementar efectivamente el Acuerdo de Escazú". 

"Se trata de la primera conferencia después de que haya entrado en vigencia el proceso de implementación, entonces los países llevan más de un año implementando el Acuerdo (...). Sin duda fue un espacio para que los países conozcan cómo están avanzando", señaló a Futuro 360.

El protocolo para defensores ambientales a cargo de Chile, Ecuador y Saint Kitts and Nevis

Nuestro país colideró el grupo de trabajo sobre protocolo para defensores ambientales, junto a Ecuador y Saint Kitts and Nevis. El plan de acción de defensores ambientales es fundamental para empezar la implementacion del Artículo 9 sobre "Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales".

Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad - Acuerdo de Escazú, página 30.

De acuerdo al Coordinador de Campañas, en la instancia se analizaron las formas de protección a defensores ambientales y se dio a conocer el trabajo que se hizo en el primer foro regional sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales que se llevó a cabo en Ecuador, en noviembre de 2022. Pero, no se dieron a conocer decisiones finales al respecto.

"Lo que se decidió sobre este protocolo, que van a entregar el próximo año en 2024 en la Conferencia de las Partes que se realizará en Santiago de Chile, es que se eligió el temario principal, lo que iba a primar, se estuvo discutiendo al respecto y el público dio sus opiniones. Los Estados llegaron a concenso y no hubo mayor dificultad en avanzar en los procesos de negociación", comentó Salinas.

"Nosotros como público presentamos recomendaciones en el marco del primer foro de defensores y esperamos que queden incluidas en este plan de acción (...), como los espacios de prevención de conflictos socioambientales", sostuvo la abogada Torres.

Un ejemplo de ello, según la representante de la Red Regional Escazú Ahora, sería establecer el fortalecimiento de mecanismos de autoprotección de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, como por ejemplo la guardias indígenas, campesinas y cimarronas que existen en diferentes países de la region como en el caso de Perú y Colombia.

De hecho, en Colombia aunque el acuerdo no ha sido ratificado "quedó incluido como una línea base dentro del plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro".

En esa misma línea, desde la Escazú Ahora quedan "muy pendientes del trabajo que va a estar presentando en 2024", sobre los mecanismos de protección y prevención para las situaciones de violencia que viven las personas defensoras en Latinoamérica y el Caribe.

La consolidacion de este plan de acción va a ser un buen ejercicio para poder llegar a consensos a nivel regional frente a estándares mínimos en materia de proteccion de defensores, sin embargo tenemos un punto crítico frente a la sabiduria y la implementación del plan de acción - Vanessa Torres, abogada.

Avanzar hacia la protección de los defensores a nivel regional

Los países miembros del Acuerdo de Escazú finalizaron el encuentro con un llamado a profundizar su implementación a nivel nacional

El Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, indicó que la instancia es "un hito histórico no solo para nuestra región, sino también para el mundo (...). Ello es particularmente relevante en este momento, cuando nos aprestamos a conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra este 22 de abril".

Por otro lado, los Estados Parte aprobaron un documento político titulado Declaración de Buenos Aires, en la que se reitera la necesidad de obtener apoyo adecuado para agilizar el tratado.

Joaquín Salinas destacó que si bien en la Fundación Escazú Ahora están conformes con el trabajo que ya está en marcha "no podemos quedarnos solo con las cosas que están sucediendo en la COP".

"Podemos escuchar muchísimos compromisos por parte de los Estados, pero no se van a ver hasta que tomen las decisiones correspondientes a través de la legislación en cada uno de los países. Por parte de la sociedad civil y Escazú, se recalcó la necesidad de que las personas sean escuchadas".

Por otro lado, distintas organizaciones visibilizaron restricciones para la participación del público, como en el acceso a los salones. Más de 40 personas que llegaron a Argentina, según Joaquín Salinas, no tenían acreditación.

"Desde la red regional queremos hacer un llamado (...) de continuar fortaleciendo los escenarios de participación, sobre todo hacia las COPs donde se disminuyan los escenarios burocráticos (...) para la participación sobre todo de lideres y lideresas de defensores y defensoras", señaló Vanessa Torres.

¿Qué pasa con el Acuerdo de Escazú en Chile?

En nuestro país se está trabajando en el Plan de Implementación Participativa de Escazú (PIPE) que evaluará las oportunidades y medidas para la incorporación plena y efectiva del tratado internacional.

De acuerdo a información del Ministerio del Medio Ambiente, gracias a la colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se realizó un primer diagnóstico en esta materia.

"Se ha diseñado una estrategia de participación pública informada y de co-construcción para el 2023, que busca convocar a una multiplicidad de representantes a nivel local, nacional, regional con base a los estándares contenidos en el propio acuerdo para la elaboración del PIPE", se lee en un comunicado.

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