(CNN) – Los primeros ministros de dos pequeñas naciones insulares que enfrentan los impactos continuos del aumento del nivel del mar comparecerán el lunes en audiencias legales en un tribunal internacional en Hamburgo, Alemania, y solicitarán una opinión consultiva sobre las obligaciones de los países para combatir el cambio climático.
Los primeros ministros Kausea Natano de Tuvalu y Gaston Browne de Antigua y Barbuda comparecerán ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que considerará si las emisiones de carbono absorbidas por el océano deben considerarse contaminación marina y qué obligaciones tienen las naciones para proteger el medio marino.
El tribunal emitirá una opinión consultiva, que no es legalmente vinculante, pero ofrece una declaración autorizada sobre asuntos legales que podría guiar a los países a la hora de elaborar leyes de protección climática.
Los primeros ministros, en representación de la Comisión de Pequeños Estados Insulares sobre el Cambio Climático y el Derecho Internacional (COSIS), argumentarán que los países tienen la obligación de proteger el medio marino según la convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, incluso de las emisiones de gases de efecto invernadero.
“Venimos aquí buscando ayuda urgente, firmemente convencidos de que el derecho internacional es un mecanismo esencial para corregir la injusticia manifiesta que nuestro pueblo está sufriendo como resultado del cambio climático”, dijo Natano, de Tuvalu.
La contaminación excesiva por carbono provoca daños a los océanos, incluido el blanqueamiento y la acidificación de los corales
Los estados insulares de tierras bajas como Tuvalu y Vanuatu también corren el riesgo de quedar sumergidos por el agua hacia finales de siglo debido a los impactos climáticos de evolución lenta.
Las pequeñas naciones insulares también han buscado claridad jurídica sobre las obligaciones climáticas de las naciones en otros tribunales. Vanuatu lideró una campaña para solicitar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que emitiera una opinión consultiva sobre las obligaciones de los países para abordar el cambio climático.
En marzo, la Asamblea General de la ONU votó a favor de remitir el caso a la CIJ, que emitirá una opinión en 2024.
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