La administración de Joe Biden se ha mostrado desde su campaña previa a la votación presidencial, muy adherente a las políticas verdes, al punto de adoptar grandes medidas durante la COP26 realizada en Glasgow hace unos meses.

Sin embargo, su agenda climática se ve truncada luego que el Tribunal Supremo dictaminó su sentencia en la que limita el poder de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

Esto significa que EPA no podrá limitar las emisiones contaminantes de las centrales eléctricas en todo el país.

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En detalle, tanto el presidente del Tribunal, el juez John Roberts, como los otros cinco jueces conservadores de la corte, consideraron que la ley Aire Limpio no ofrece a EPA una amplia autoridad para regular estas emisiones.

Con esto, los Estados podrán aprobar sus propias normativas, sin tener que regirse por EPA, dando rienda suelta a la emisión de más contaminantes, una gran victoria a las compañías mineras y petroleras.

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Este es el resultado de una demanda presentada por 19 estados y dos gigantes de la minera de carbón en Estados Unidos. La acción alegaba que “el poder de regular las fábricas, los hospitales, los hoteles e incluso los hogares, tendría unos costes y unas consecuencias tremendas para todos los estadounidenses. (…) Solo el tribunal puede resolver si la EPA tiene este poder unilateral o si el Congreso debe asumirlo”.

La resolución pone en la cuerda floja el compromiso de Biden ante las Naciones Unidos de reducir entre un 50% y 52% para 2030 sus emisiones de gases de efecto invernadero, así como lograr la neutralidad de sus emisiones en 2050.

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