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Durante la jornada de este lunes, el presidente Gabriel Boric promulgó la Ley sobre Delitos Económicos y Medio Ambiente, que busca establecer un estatuto diferenciado de determinación de pena para los denominados “delitos de cuello y corbata”.

La normativa, aprobada el 15 de mayo de 2023, crea cuatro categorías de delitos para determinar si los delitos deben o no ser considerados económicos. Su anuncio sucede luego de haber superado un requerimiento del Tribunal Constitucional (TC).

De este modo, determina modificaciones que buscan prevenir la comisión de delitos económicos por medio de la imposición de mayores exigencias a las personas jurídicas (es decir, una entidad con determinados derechos y obligaciones) y sus sistemas de cumplimiento interno, así como a los directivos y gerentes de las empresas.

¿Cuáles son las categorías?

Cada categoría de delito tiene un listado de figuras penales:

Delitos de primera categoría

En la primera categoría los delitos siempre serán económicos. Por ejemplo, delitos contra el Mercado de Valores, bancarios o de segunda categoría. Estos últimos son ilícitos considerados “económicos” cuando sean sometidos en el ejercicio de un cargo, función o posición dentro de una empresa o cuando se cometieran en beneficio de la misma.

Delitos de segunda categoría

Estos pueden ser delitos tributarios, contra el medio ambiente o delitos de tercera categoría. Estos últimos son considerados económicos cuando son cometidos por un funcionario público, siempre que hubiese intervenido en él alguien en ejercicio de un cargo, función o posición de una empresa o en beneficio de la misma.

Delitos de tercera categoría

Se tratan de malversación de caudales públicos, cohecho o delitos de cuarta categoría. Los últimos son lavado de activos y receptación cuando tengan como base algún delito considerado económico.

¿Qué sucederá con la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas?

La nueva iniciativa modifica la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ley Nº 20.393), para ampliar de forma considerable el catálogo de “delitos base” que pueden dar lugar a responsabilidad por incumplimiento de los deberes de vigilancia y supervisión de la empresa.

Se considera que todo delito enunciado en las cuatro categorías de la ley de delitos económicos, es razón por la que la empresa podría responder criminalmente.

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