El 2022 fue un año complejo para la industria salmonera a nivel global y un año para celebrar los éxitos de varias organizaciones que han abogado desde hace tiempo por la protección de los mares y el retroceso de la salmonicultura.

Argentina se convirtió en el primer país en prohibir completamente la industria salmonera en sus mares, al negar los permisos de instalación para granjas de salmón de red abierta en el único territorio viable para esta actividad: la provincia de Tierra del Fuego.

En el futuro, cualquiera que desee cultivar salmón en el país trasandino, deberá hacerlo en sistemas terrestres. Greenpeace, en base a informes científicos, destaca varias consecuencias negativas de la salmonicultura:

  • Contaminación de aguas por la incorporación de nutrientes
  • Elevado uso de antibióticos (6.000% que lo permitido en países europeos)
  • Favorece las condiciones para desarrollo de la marea roja, afecta la biodiversidad local y la pesca artesanal para producir 1 kilo de alimento de salmones, se necesitan 3 kilos de otros peces
  • Excede la capacidad de carga del ecosistema, produciendo anemia infecciosa del salmón (ISA)
  • Utilización de químicos para tratar el piojo del salmón
  • Devasta fondos marinos y los escapes de salmones amenazan la biodiversidad nativa
  • La interacción con otras especies provoca incluso su muerte
  • Contamina ecosistemas de ríos y lagos de la zona sur y austral donde crían los salmones juveniles, para luego transportarlos hacía áreas marinas.

En la misma línea del país trasandino, el Estado de Washington ha tomado medidas contundentes para poner fin a la acuicultura comercial en red en Puget Sound. Como explicó Wild Fish Conservancy, la ONG que lidera la campaña en Washington, “como único operador de granjas de salmón en el estado de Washington, esta decisión histórica eliminará efectivamente el cultivo de salmón a mar abierto de Puget Sound a finales de año. Esta acción pondrá fin a la contaminación diaria que ha vertido esta industria durante los últimos treinta años”, destacaron desde la organización.

Un año después de la regulación a la industria salmonera en Argentina ya se tomaron decisiones similares en las Islas Malvinas, Canadá, y en el Estado de Washington en EE.UU. Además, se están haciendo grandes campañas en Chile y Tasmania, que se presentan como próximo desafío mundial. Simultáneamente Chile logró detener el avance de la salmonicultura en el Canal Beagle, y las organizaciones locales en Canadá han logrado responsabilizar a sus líderes políticos para que gestionen la transición de las jaulas marinas a los sistemas terrestres.

Desafíos para el año 2023

Inspirados en estas luchas, se fundó la Global Salmon Farming Resistance (GSFR), un movimiento global del que hoy forman parte más de 50 ONGs y activistas independientes de 13 países. En abril del 2022, el Consejo Ejecutivo de las Islas Malvinas rechazó la salmonicultura en el mar, casi como consecuencia directa y avalando la ley promulgada en la Provincia de Tierra del Fuego. En junio, el gobierno de Canadá limitó la renovación de las licencias de las granjas de salmón. En lugar de renovarlas por 6 años como se venía haciendo, lo hicieron solo por 2 años, lo que significa un gran paso hacia la promesa que hicieron en el 2019 de sacar todas las granjas para el año 2025.

La organización Living Oceans, con sede en Vancouver, explica que “combinada con el cierre en 2021 de las salmoneras de las Islas Discovery, esta medida despeja las aguas por las que entran los salmones del río Fraser para sus primeros días en el mar”.

En el archipiélago de Broughton las comunidades nativas ya han cerrado 12 de las piscifactorías, y la mayoría de las restantes deberán tomar una decisión en 2023. Este tipo de movimientos de lucha y persistencia de los pueblos nativos de Canadá, ha logrado cerrar más de un tercio de las instalaciones salmoneras en ese país.

Las acciones de Argentina, las islas Malvinas, Canadá, y la reciente decisión de Washington de poner limitaciones a la industria salmonera, son un importante modelo a seguir por comunidades y gobiernos de todo el mundo que trabajan por el mismo objetivo en sus costas.

Mientras muchos países están adoptando medidas concretas para regular la industria del salmón, el gobierno australiano trabaja en un plan de 10 años para duplicar este rubro para el 2033. Esto supondrá la expansión de la industria sobre todo en las costas prístinas de Tasmania.

De acuerdo a Sandoval-Estrada (2010) citados en una asesoría técnica parlamentaria del 202, donde se analizó el impacto ambiental de la salmonicultura, en Chile la generación de lodos llega a 1.4 t por cada tonelada de salmón producido, constituidos principalmente por desechos orgánicos, (excretas y alimento no consumido) los que tal como se ha señalado, se acumulan en los fondos marinos o lacustres, representando una amenaza a la eficiencia productiva de la salmonicultura y una contaminación potencial para el medio acuático (Salazar y Saldaña, 2007).

En Chile, hay más de 400 licencias de la industria salmonera operando en áreas protegidas. El daño causado por esta industria que opera en las costas nacionales hace más de 40 años es casi irreversible.

El actual gobierno, autodefinido como pionero de la Diplomacia Turquesa (protección de la tierra y el agua), señaló que no permitirá nuevas concesiones ni relocalización en áreas protegidas. En paralelo las organizaciones nacionales trabajan en una campaña para que se remuevan las granjas de salmón de todas las áreas protegidas.

La tendencia mundial es reducir cada vez más los espacios a la industria del salmón y este nuevo año promete ser de cambios en la misma tónica.

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