En junio de 2020, Chile tendrá que presentar su quinto informe periódico sobre acciones climáticas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC). Ocasión que tres organizaciones conservacionistas chilenas consideran oportuna para que el Gobierno presente evidencia de planes concretos para cumplir con las metas en el marco del Acuerdo de París.
Se trata de un grupo de organizaciones lideradas por Terram y la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) y Movimiento Chao Pescao, que consignaron un informe paralelo ante el CDESC para el examen de la lista de cuestiones relativas a la República de Chile.
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“La próxima revisión de la República de Chile por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) es una importante oportunidad para pedir al gobierno de Chile que aclare cómo su política de cambio climático cumple con sus obligaciones legales bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y sus obligaciones bajo el Acuerdo de París“, se lee en el documento enviado a la instancia climática de la ONU.
El informe resalta la vulnerabilidad del país Chile a los efectos del cambio climático debido a sus características geofísicas y ambientales, como su extensa costa baja, grandes áreas forestales, glaciares y montañas, y su dependencia de los océanos y la pesca para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.
“El cambio climático ya ha tenido importantes impactos perjudiciales en las personas que viven en Chile, socavando los derechos, protegidos por el PIDESC, al agua, la alimentación, la vivienda y la salud. Uno de los impactos más significativos es la escasez de agua, que se ha producido en los últimos 20 años, tras la disminución de las precipitaciones y el retroceso de los glaciares. Como resultado, Chile ha experimentado una sequía multianual y el año 2019 fue uno de los más secos en 60 años. Además, Chile ha sufrido inundaciones, olas de calor e incendios forestales“, explican.
Entre las exigencias que hacen estas organizaciones, piden que Chile aumente significativamente la ambición de los actuales NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional) bajo el Acuerdo de París, así como introducir objetivos de reducción de emisiones de carbono a corto y medio plazo, como en 2025 y 2030. Además exigen la eliminación progresiva del carbón y otros combustibles fósiles a más tardar en 2032.
Junto con estas demandas, las organizaciones abogan por el respeto a los derechos humanos y a la no discriminación. Piden asegurar que las medidas adoptadas para mitigar el cambio climático y adaptarse a él garanticen la igualdad en el disfrute de los derechos del PIDESC y que asegure la protección de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de cualquier acción sobre el clima, incluida la protección del derecho al consentimiento libre.
Según el informe paralelo, las actuales políticas de Chile para reducir la huella de carbono y mitigar los efectos del cambio climático, son insuficientes. Ponen como ejemplo la valoración de expertos sobre las metas propuesta por el Gobierno en los NDC. “Expertos internacionales consideran que el actual NDC de Chile es ‘altamente insuficiente’ para mantener el calentamiento por debajo de 2°C, y mucho menos a 1,5°C. Si todas las metas de los gobiernos nacionales estuvieran en este rango, el calentamiento alcanzaría entre 3°C y 4°C para finales de siglo, lo que tendría impactos catastróficos en el disfrute de los derechos humanos”.
Las organizaciones se refieren al Proyecto de Ley Marco sobre el Cambio Climático, uno de las acciones que el Gobierno ha presentado como parte de su compromiso de acción climática y remitido al congreso en enero de 2020.
Sin embargo, el informe cuestiona su alcance. “No incluye suficientes medidas de reducción de las emisiones a corto y mediano plazo. Por ejemplo, no hay objetivos de reducción de emisiones para 2025, 2030 o 2040. Si bien los compromisos para lograr la neutralidad del carbono son esenciales para mitigar el cambio climático, los objetivos de reducción de emisiones a largo plazo no pueden sustituir a las “medidas climáticas urgentes y decisivas” que el CDESC ha reconocido que son necesarias a corto y medio plazo para evitar daños graves e irreversibles a los derechos humanos causados por el cambio climático”.
Además de mostrar preocupación por la política climática y de carbón de Chile y exigir medidas urgentes y concretas, en el informe también hacen énfasis en las políticas de mitigación, y la urgente revisión de las zonas de sacrificio, así como de los impactos extraterritoriales en los derechos humanos, al tiempo que entregan una serie de preguntas recomendadas para que el organismo realice al gobierno.
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“A nivel internacional, en 2018 el Presidente Piñera se comprometió a ‘resolver la situación de emergencia y proteger la salud de nuestros ciudadanos’ en las Zonas de Sacrificio.81 Sin embargo, desde entonces no se ha tomado ninguna medida significativa”, señala el informe.
En la reciente cumbre climática COP25 que Chile lidero y cuya presidencia ejerce hasta diciembre de 2020, no se logró un acuerdo de las parte en torno al polémico artículo 6 del Acuerdo de París. Otros ocho puntos lograron consenso y el llamado fue a la mayor ambición climática, aunque en la práctica no se vean los avances necesario.
El documento completo se puede revisar en este enlace: Informe paralelo presentado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para el examen de la Lista de cuestiones relativas a la República de Chile
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